La Municipalidad de Rosario puso en vigencia la ordenanza que establece un protocolo específico para prevenir y desarticular carreras clandestinas en la vía pública. La normativa incorpora nuevas herramientas de control, sanciones económicas progresivas y medidas de reeducación vial para los infractores.
El protocolo antipicadas comenzó a regir oficialmente en la ciudad de Rosario tras la promulgación de la ordenanza por parte del Ejecutivo municipal y su publicación en el Boletín Oficial. A partir de su entrada en vigencia, la Secretaría de Control y Convivencia dispone de un procedimiento específico para intervenir de manera preventiva ante la organización de carreras clandestinas y otras conductas temerarias en la vía pública.
La iniciativa fue presentada por la concejala Samanta Arias y recibió aprobación unánime en el Concejo Municipal. Según se informó durante el tratamiento del proyecto, la propuesta surgió a partir de reclamos de vecinos de distintos sectores de la ciudad donde este tipo de actividades se registraban de manera reiterada. Entre las zonas mencionadas se encuentran Alberdi, La Florida, Alvear, Mercedes de San Martín, la Costanera Norte y el sector de bulevar Oroño y Lamadrid.
La ordenanza establece un esquema de actuación dividido en tres etapas. En primer lugar, prevé la intervención en los lugares donde habitualmente se concentran los participantes, como estaciones de servicio, playones y otros espacios utilizados como puntos de reunión o de largada. Posteriormente, dispone la realización de operativos cerrojo destinados a interceptar a los vehículos involucrados y proceder a su secuestro. Finalmente, determina la continuidad de los controles mediante presencia de inspectores y monitoreo por cámaras para evitar que las concentraciones vuelvan a organizarse una vez dispersadas.
La normativa también faculta al municipio a coordinar acciones con estaciones de servicio y comercios que puedan verse afectados por estas reuniones, además de crear un programa obligatorio de concientización y reeducación vial destinado a quienes infrinjan la normativa.
En materia sancionatoria, el nuevo régimen incorpora multas progresivas calculadas en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza de acuerdo con el precio del litro de nafta súper. Con los valores de referencia actuales, la primera infracción contempla multas estimadas entre 630.000 y 1.260.000 pesos, el secuestro del vehículo, la imposibilidad de gestionar o renovar la licencia de conducir durante 90 días y la asistencia obligatoria al programa de reeducación vial.
Para la primera reincidencia, las multas se ubican entre 1.260.000 y 2.520.000 pesos, junto con una inhabilitación de hasta un año para realizar trámites vinculados a la licencia de conducir. En caso de una segunda reincidencia, las sanciones económicas oscilan entre 2.520.000 y 5.250.000 pesos y la ordenanza contempla solicitar a la Agencia Provincial de Seguridad Vial la inhabilitación judicial definitiva para conducir.
Además, la norma incorpora el decomiso de autopartes no homologadas utilizadas para modificar la potencia o velocidad de los vehículos. Para recuperarlas, el propietario deberá acreditar que el vehículo fue reacondicionado conforme a las normas de seguridad mediante un certificado emitido por un ingeniero mecánico matriculado.
Durante la presentación del proyecto, la concejala Samanta Arias señaló: "No alcanza con reaccionar después del daño. Esta ordenanza obliga al Estado a disponer la inteligencia y los medios de control antes de que la picada arranque", al explicar el objetivo preventivo de la iniciativa.
